Elena Darriba - El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al borrador del anteproyecto de reforma de la
Ley de Propiedad Intelectual. El texto propone que los agregadores de contenidos como
Google News o
Yahoo! News paguen a los medios de comunicación por los contenidos con derechos de autor. Cuando se trate de “fragmentos no significativos”, es decir, de una cierta brevedad, los agregadores no tendrán que pedir permiso, pero sí que tendrán que ofrecer a cambio una “remuneración equitativa por el uso”.
La vicepresidenta del Gobierno
Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Cultura,
José Ignacio Wert, han comparecido tras el Consejo de Ministros, pero Wert no ha precisado cómo y quién decidirá qué son “fragmentos no significativos”, ni cómo se calculará la compensación que le pertenece. La medida excluye fotografías (éstas siempre requieren autorización de uso), y la búsqueda por palabras que lleve a la página original, “que no requerirá autorización ni compensación”.
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| Wert y Sáenz de Santamaría tras la reunión de ministros // La Moncloa |
Lo que sí se ha explicado es que los motores de búsqueda (
Google,
Bing…) no tienen que pedir permiso para enlazar contenidos ni están obligados a pagar por ellos, ya que se entiende que con este gesto prestan una “intermediación técnica” y no una “labor activa y no neutral”.
Google News, por ejemplo, tendrá que negociar con las entidades de gestión de derechos (Cedro en el caso de los textos y Vegap en el de las imágenes) la cifra de la “remuneración significativa”. La negociación deberá resolverse en el tiempo de cómo máximo ocho meses desde el momento en que se promulgue la ley (como máximo tres meses para fijar la orden y cinco para que las dos partes alcancen un acuerdo). Si este acuerdo no se diera, la cuantía sería fijada por decreto de la Sección Primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual, un organismo que fue creado por la ley Sinde Wert y que es dependiente de la secretaria de Estado.
Muchos de los afectados por la ley en trámite (radios, televisiones, explotadores de derechos deportivos, discográficas, productores, asociaciones de actores o entidades de gestión, etc.) han emitido quejas diciendo que sus peticiones no se han tenido en cuenta. Las entidades de gestión han denunciado que el secretario de Estado de Cultura,
José María Lassalle, les había prometido el 30 de diciembre de 2013 que les enviaría el borrador definitivo, pero que a día de hoy aún no lo ha hecho.
Uno de los sectores más afectados por los cambios en la ley es el de los editores de textos dirigidos a la enseñanza. La nueva norma prevé la excepción educativa: en los ámbitos de la investigación y la enseñanza reglada, tanto virtual como presencial, se permite la divulgación de pequeños fragmentos de forma gratuita y sin la necesidad de tener permiso para ello. El límite, aseguró Lassalle en una conversación con el diario El País, está fijado en la extensión de un capítulo, sea este de tres hojas o de ochenta y cinco. La cita de porciones más grandes, aunque no obliga a solicitar autorización, si precisa una remuneración a los autores que se hará a través de las entidades de gestión.
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| Lassalle no llegó a enviar el borrador a los afectados // PPCantabria |
También se ha anunciado la creación de una ventanilla única. Desde la secretaría de Estado se ha explicado que no ésta viene a atender los ruegos de los usuarios de contenidos sujetos a derechos de autor que tengan que tratar con varias entidades de gestión a la vez. Esto les permitirá dirigirse a una sola entidad para solucionar todos los trámites de una sola vez.
El nuevo texto también da naturaleza legal a la nueva compensación por copia privada, otro quebradero de cabeza de las entidades de gestión. Ésta nueva compensación les supuso ocho millones de euros en la última liquidación frente a los 115 que les tocaron en 2010 con el anterior canon digital. Para que salgan las cuentas, la nueva ley reduce el concepto de copia privada a el uso de soportes físicos (CD y DVD) y a las grabaciones de radio y televisión.
Otro tema de importancia que trata la ley y en el que las entidades están muy interesadas es el de la ventanilla única. Un enfrentamiento por este asunto entre los ministerios de Industria y Economía con el de Cultura y la indignación de las entidades cuando parecía que la labor de la ventanilla única iba a recaer en la
SGAE fueron las dos razones del retraso del envío del texto al Consejo de Ministros del viernes pasado (según las fuentes consultadas por El País). Finalmente, desempeñará esa función un organismo privado surgido del pacto entre las entidades. Si en el plazo de cinco meses dicho pacto no ha surgido, la Sección Primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual será la encargada de hacerlo por ellas. También corresponderá a la Sección Primera el control de las tarifas de los derechos de autor, también cuando surjan discrepancias sobre estas entre el mundo digital y el no digital.
La reforma del Código Penal será el recurso utilizado para luchar contra la piratería: esta prevé hasta seis años de cárcel a las webs de enlaces (las cuales no alojan contenidos sujetos a derechos de autor pero indican el camino a otras que los dispensan con fines lucrativos). Además, la Sección Segunda podrá multar con hasta 300.000 euros a los infractores y sancionar a las empresas que se anuncien en ese tipo de páginas.
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